AGO-2016 Tema central

Las grandes luces del sector hidroeléctrico

 

No cabe duda que la energía eléctrica transforma naciones. Tal es su importancia que en 2015, la Organización de Naciones Unidas (ONU) incluyó entre sus Objetivos de Desarrollo Sostenible garantizar el acceso a energía asquible, segura, sostenible y moderna para todos.

No obstante, unos pocos (aunque con gran capacidad para hacer ruido) entran en una contradicción cuando reconocen que alguien debe generar la energía eléctrica que necesitamos, por no aceptar que el mejor sistema para hacerlo es mediante iniciativa privada. El problema es de tal magnitud que se bloquean proyectos que garantizan esa energía asequible, segura, sostenible y moderna.

Según la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, la matriz energética guatemalteca se divide entre energías no renovables y renovables: 56.5% y 43.5%, respectivamente. El carbón y búnker generaron 30,555.94 mega vatios ofertados en promedio diario del 10 al 16 de julio. La energía potencial del agua, que en una planta de generación hidráulica se transforma en energía cinética, mecánica y luego eléctrica, acaparó en esa misma semana el 36.5% de la oferta energética. Es decir, que se usaron aproximadamente 1,110 megavatios diarios de esta fuente.

Para Carlos Colom, Presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER), es necesario que Guatemala priorice las hidroeléctricas por la abundancia de agua en el país. “Países desarrollados en el mundo aprovechan todo su potencial hidroeléctrico desde hace cincuenta o sesenta años, mientras que Guatemala actualmente usa solo el 21% de sus cinco mil megavatios potenciales”, argumenta.

Aprovechar la capacidad instalada de estas empresas se opone directamente al paradigma que permea la mente de “ambientalistas” extremos sobre disminuir al máximo el consumo de energía para mitigar el cambio climático. Sus iniciativas incluso promueven apagar las luces y desconectar todos los aparatos eléctricos, como en la Hora del Planeta, que hasta cierto punto reprueba moralmente a quienes no se unen.

Las principales tendencias en el mundo que rezan sobre estas acciones se realizan en países desarrollados o se planean aplicar en países que dependen de fósiles para generar electricidad, como en Guatemala.

Sin embargo, si los países en vías de desarrollo cuentan con una matriz energética diversificada, generada en su mayoría por agua, estas iniciativas resultan inútiles para mitigar el calentamiento global. Las hidroeléctricas proporcionan una alternativa limpia e inteligente a la producción tradicional de energía.

Colom explica que este tipo de empresas no producen gases que contribuyen al efecto invernadero y que además limpian los ríos, ya que para el óptimo funcionamiento de una planta hidráulica se necesita de agua sin basura que no arruine las turbinas.

Por otro lado, la cantidad de agua que extraen de los ríos no puede ser igual a todo su caudal. Según Colom, esto se debe a que el sector hidroeléctrico busca aplicar buenas prácticas ambientales y preservar el ecosistema natural del agua. La AGER trabaja para establecer estos estándares internacionales de operación que exigen un compromiso patente con la preservación del medio ambiente.

Actualmente, los motores hidroeléctricos del país son una herramienta eficiente para cubrir los picos de más demanda energética. Su naturaleza permite reservar energía para su uso posterior. Por ello, estas empresas también brindan estabilidad en la tarifa energética y contribuyen a su constante disminución.

El presidente de AGER comenta que aunque es indiscutible el beneficio de las hidroeléctricas en las tarifas, no se puede establecer fácilmente una comparación del costo de un megavatio entre energía producida con fósiles y energía proveniente de procesos hidráulicos.“Se puede ver de dos maneras: por costo, el combustible en las hidroeléctricas no cuesta nada pero la inversión en proyectos es fuerte y debe incluirse en la tarifa; por estabilidad, el precio del petróleo fluctúa y no puede controlarse, mientras que el flujo de agua es estable”, explica Colom.

Con estos claros beneficios, el uso de estos generadores podría ampliarse. Sin embargo, existe una fuerte oposición al sector. Derivada de concepciones tergiversadas de su impacto, poca presencia del Estado en las áreas de operación e incentivos económicos, políticos y de poder para “líderes” comunitarios.

Carolina Castellanos, directora ejecutiva de la Asociación para el Desarrollo de la Libertad y el Desarrollo Sostenible (ALDS), explica que “hay una oposición sistemática a los proyectos de inversión y desarrollo, que incluye a las hidroeléctricas” que se aúna a una ausencia del Estado al momento de proteger inversiones y hacer justicia.

Para Colom, la energía es un medio para crear empleo, más industria y más comercio. Pero comenta que con el escenario de conflictividad actual es “prácticamente imposible que se puedan seguir desarrollando proyectos de energía renovable en Guatemala: los bancos no van a financiar, los inversionistas no van a querer participar”. Según Castellanos, hay una conflictividad generalizada en todo el país y hacia todo tipo de industria. Existen líderes que “usan esta oposición como una forma de vida: reciben fuertes financiamientos extranjeros” y aprovechan el poco o nulo alcance estatal “que ha dejado un campo fértil para manipular a la población”que carece de servicios básicos con “promesas falsas de mejorar su nivel de vida”.

Para el consultor privado en aprovechamiento hidroeléctrico, Enrique de León, debe existir una forma para que las comunidades convivan con los proyectos.

La propuesta más directa es de Castellanos, quien aboga por un Estado y gobierno fuertes que apliquen la ley y se aseguren que el financiamiento internacional de las ONG en Guatemala se use para generar desarrollo, especialmente en el interior del país.

Colom propone un cambio profundo: implementar una ley de obras por impuestos. Esta permitiría que las comunidades en que se realice un proyecto hidro eléctrico reciban directamente sus impuestos. “Los agremiados de AGER invierten al menos Q50 millones en obras anualmente”, cantidad que, de acuerdo a Colom, podría invertirse en las 300 comunidades en que operan.

Por otro lado, De León piensa que“generar mecanismos de diálogo e inclusión que permitan la intervención de la sociedad en los proyectos” es una acción clave para atenuar la conflictividad en los proyectos hidroeléctricos y abrir el camino al desarrollo inclusivo.

Ninguna de estas propuestas es mutuamente excluyente. Es más, comparten en su ejecución el mayor desafío del sector privado a través de los años: encontrar la voluntad política para establecer soluciones de largo plazo a problemas que históricamente se resuelven con medidas paliativas por conveniencia mediática e ideológica.

La ONU aún apuesta a que en los países en vías de desarrollo, como Guatemala, se aumente sustancialmente el porcentaje de energía renovable en la matriz energética y se amplíe la infraestructura y mejore la tecnología para prestar servicios de energía modernos y sostenibles para 2030.

Según el ente internacional, quince años (desde que fue emitido el objetivo en 2015), son suficientes para eliminar las barreras de conflicto en Guatemala y permitir que comunidades y empresas, con la mediación del Estado, converjan en un plan común para el desarrollo nacional.

Al respecto, el Director Ejecutivo de Cámara de Industria de Guatemala, Javier Zepeda, aseguró el compromiso con esta industria en la Asamblea de Socios 2016: “Seguimos insistiendo en nuestra posición de apoyar este tipo de industrias, las industrias extractivas y la industria de generación de energía eléctrica… son necesarias en este país”.

El contenido de Industria&Negocios no necesariamente representa la opinión de Cámara de Industria de Guatemala; cada artículo es responsabilidad de sus autores.

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