País – ¿Qué ganan los guatemaltecos en la Consulta Popular sobre Belice?

¿Qué ganan los guatemaltecos en la Consulta Popular sobre Belice?

Los guatemaltecos vivimos un momento histórico, pues nos encaminamos hacia la solución definitiva del diferendo Territorial, Insular y Marítimo con Belice. 

Esta disputa se remonta desde el surgimiento de Guatemala como país, pues, tras nuestra independencia de España, heredamos una invasión de piratas ingleses y la usurpación del territorio que temporalmente administra Belice.

Para comprender rápidamente esta historia, cargada de muchas injusticias contra Guatemala, explicaremos cómo surgió el asentamiento de Belice.

Empezó con una concesión de España a Inglaterra, en 1783, de extraer Palo de Tinte en una extensión aproximada de 4,802 kilómetros cuadrados. España hizo esta concesión para evitar los asaltos de piratas inglesesa barcos españoles, pero con la clara prohibición de no crear asentamientos ni edificaciones permanentes.

No obstante, los piratas ingleses siguieron adentrándose en territorio guatemalteco y para evitar una invasión mayor, España hizo otra concesión, en 1786. Esta vez, de una extensión aproximada de 1883 kilómetros cuadrados más. De nuevo, España dejo claras las prohibiciones de la primera concesión.

En realidad, estas fueron las únicas dos concesiones otorgadas por España a Inglaterra, pero recordemos que fueron temporales y nunca para establecer asentamientos o colonias.

Sin embargo, los piratas siguieron avanzando hacia territorio petenero y de las Verapaces. Guatemala, siendo un país pobre y pequeño, ante la amenaza de los piratas de la potencia mundial inglesa, en 1859 firmó un tratado con Inglaterra aceptando un tratado de cesión territorial, pero condicionado a que Inglaterra construyera una vía de comunicación entre Izabal y Guatemala.

Inglaterra nunca cumplió con este tratado, y por eso en 1884 Guatemala hizo una firme protesta ante el incumplimiento de los ingleses. En 1946, el Congreso de Guatemala declaró la nulidad del tratado firmado con Inglaterra, retomando la demanda de recuperar el territorio usurpado por piratas ingleses, que para entonces sumaba el territorio ahora administrado por Belice, una extensión aproximada de 22,000 kilómetros cuadrados, pero también de más de 110 islas, islotes y cayos que ¡nunca fueron concesionados por España, mucho menos por Guatemala!

Guatemala nunca desistió de su demanda de cumplimiento de la Cláusula de Compensación del Tratado de 1859. Sin embargo, en 1981 Inglaterra concedió, “unilateralmente” la independencia a Belice, contraviniendo normas y tratados internacionales. Ante esta situación, Guatemala, con el propósito de seguir reclamando el territorio continental, insular y marítimo usurpado, y para tener un interlocutor con quien negociar, en 1991 reconoció la población y el Derecho de Autodeterminación de Belice, pero ¡nunca su territorio!

La ONU acepta a Belice como país miembro, pero lo exhorta a resolver el Diferendo Territorial, Insular y Marítimo con Guatemala. Desde entonces, se dan varios intentos políticos y jurídicos, y esfuerzos diplomáticos, para resolver la disputa.

Todo empezó a cambiar a partir del año 2005, cuando, con los auspicios de la OEA, se logra suscribir con Belice el Acuerdo sobre un Marco de Negociación y Medidas de Fomento de la Confianza, complementado en 2008 con un Acuerdo Especial que establece la realización de consultas populares en ambos países para someter la solución definitiva de la disputa a una resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Esto es un mandato contenido en el Artículo 19 transitorio de la Constitución Política, que dice: El Ejecutivo queda facultado para realizar las gestiones que tiendan a resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice, de conformidad con los intereses nacionales.

Y atiende lo establecido en el artículo 173 constitucional, en el sentido de que todo acuerdo definitivo deberá ser sometido por el Congreso de la  República al procedimiento de consulta popular. Fue así como el Congreso de la República de Guatemala, en octubre de 2016, y el Senado Beliceño, en diciembre 2017, ratifican la realización de consultas populares y someterse a la jurisdicción de la CIJ.

¿Qué pasó en 2017 en Guatemala? 

El pasado 2 de agosto, el Congreso de Guatemala aprobó la realización de una consulta popular, en la que se preguntará a los ciudadanos aptos a votar si aceptan la jurisdicción de la CIJ para resolver el Diferendo Territorial, Insular y Marítimo con Belice. Y a tono con esa disposición, el 13 de noviembre pasado se publicó oficialmente el Decreto del Tribunal Supremo Electoral de efectuar la Consulta Popular este 15 de abril de 2018.

El Estado de Guatemala cuenta con evidencias legales poderosas para hacer valer el derecho de los guatemaltecos ante la Corte, derechos que deben hacerse valer de forma inteligente y bien fundamentada.

¿Qué ganan los guatemaltecos con resolver la disputa con Belice? Certeza jurídica de una frontera definitiva en el lugar que indique la Corte Internacional de Justicia, así como la posibilidad de recuperar el dominio marítimo e insular que nos fue arrebatado.

Existe la esperanza de más inversión productiva y más empleos, evitaremos muertes y conflictos sociales en la actual Zona de Adyacencia, habrá integración de los pueblos indígenas y más inversión en seguridad, salud, nutrición y educación. Todos los guatemaltecos tenemos en nuestras manos la decisión histórica de resolver, en definitiva, esta disputa con Belice. Atendamos el llamado del Tribunal Supremo Electoral de acudir a las urnas este 15 de abril.

 

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